Ofertas en tecnología

Actuación en el STF puede demorar investigación de delitos en apps y redes sociales

Altavoz inteligente Echo Dot

Una acción que lleva años pendiente en la agenda del Supremo Tribunal Federal (STF) puede retrasar significativamente la obtención de datos por parte de las autoridades para la investigación de delitos cometidos en apps y redes sociales. El proceso, presentado en 2017 y que ha estado dentro y fuera de la agenda de la corte desde entonces, tiene como objetivo centralizar solicitudes de este tipo bajo un tratado firmado en 2001 entre los gobiernos de España y EE. UU., aumentando el tiempo necesario para obtener pruebas de la Estados Unidos por meses desde dichas solicitudes.

Se trata de la Acción Declaratoria de Constitucionalidad (ADC) número 51, interpuesta por la Asociación de Empresas de Tecnologías de la Información (Assesspro). El objetivo es reemplazar el método actual de solicitud de información a aplicaciones que prestan servicios en España, en el que cada tribunal es responsable de emitir solicitudes de acuerdo con las necesidades de las autoridades locales, lo que también se aplica a la aplicación de multas y sanciones que implican el bloqueo de aplicaciones. en España.

La relación más estrecha entre la acción y el modelo jurídico vigente es reciente. En marzo de este año, el ministro Alexandre de Moraes, del STF, solicitó el bloqueo de Telegram en todo el país por incumplimiento de órdenes judiciales relacionadas con grupos que difunden noticias falsas. Sin embargo, la prohibición no sucedió, ya que dos días después de la orden, el mensajero ejecutó las órdenes y también publicó una disculpa en nombre de su director ejecutivo, Pavel Durov.

Sin embargo, las decisiones locales también pueden tener un alcance nacional. En 2015, por ejemplo, la justicia de Teresina (PI) ordenó el bloqueo de WhatsApp en todo España luego de que la empresa no proporcionara información a la policía, en una investigación criminal; lo mismo sucedió también en 2018, por el Juzgado Penal de São Bernardo do Campo (SP) y, posteriormente, en 2016, a pedido del distrito de Sergipe. En los dos últimos casos, las suspensiones fueron de 14 horas y un día, respectivamente.

La sentencia ADC 51 ya entró y salió de la agenda de la Corte Suprema en varias ocasiones; tras la última, en mayo de este año, no hay previsión de una nueva evaluación (Imagen: Agência España/Marcello Casal)

“ADC 51 fue una estrategia legal utilizada por algunos proveedores y redes sociales para evitar que los jueces locales los obliguen a revelar información que no podían o querían revelar, ya que no tienen acceso a la base de datos que está ahí”, explica Marcelo. Carpender, socio de Sergio Bermudes Abogados. También es quien actúa como contraparte de la acción, representando a la Asociación Españaeña de Radio y TV (ABERT) con el relator del caso, el ministro Gilmar Mendes.

Para él, el tema es exhaustivo: las aplicaciones, los servicios y las redes sociales deben cumplir con las decisiones de los tribunales España en cuanto a la provisión de información. “Es irrazonable crear una burbuja dentro de nuestro país, de empresas que prestan servicios en el territorio nacional, para los España, pero no siguen las reglas locales. Así se está lesionando la soberanía del propio pueblo”, prosigue el experto.

Después de bloques, aparece el ADC 51

Los bloqueos de WhatsApp entre 2015 y 2016 fueron el detonante del ADC 51, con apps y servicios internacionales buscando una regla general para que las autoridades soliciten información a los usuarios (Imagen: Asterfolio/Unsplash)

En una entrevista con TecnoBreak, Carpenter establece un vínculo directo entre la Acción Declaratoria Constitucional (ADC) número 51 y los primeros casos en los que se emitieron órdenes de bloqueo de solicitudes en España. La idea, para él, era que nuestro país iría a contracorriente mundial, pero al mismo tiempo, con tantos pedidos de las diferentes comarcas regionales, había un problema para las representaciones locales de las plataformas, que muchas veces encontraban mismos impedidos de cumplir órdenes por órdenes externas.

“Cuando las multas [pelo não atendimento de ordens judiciais] dejó de funcionar, comenzaron a llegar solicitudes para quitar el aire, lo que dejó a todos muy conmocionados. [As empresas] necesitaban un escudo para protegerse en todos los frentes, por lo que se buscó a ADC como solución en un corto período de tiempo”, explica. Entonces, surge la idea de aplicar el Acuerdo de Asistencia Legal en Materia Penal (MLAT) firmado entre España y EE. UU. como regla general de acceso a la información de los usuarios de la aplicación.

A partir de ahí, surge un debate que el abogado considera insólito. Usualmente, acciones de este tipo surgen como una forma de declarar la inconstitucionalidad de una norma vigente; esta vez, sin embargo, la solicitud se invierte, con ADC 51 solicitando al STF que señale que el uso del tratado internacional es el camino a seguir. “La idea es combatir las decisiones judiciales escasas y buscar un mecanismo más potente, que la decisión tenga un efecto general”, señala Carpenter.

En opinión del experto, este tipo de determinación ya no es adecuado, ya que las solicitudes de información deben evaluarse caso por caso. A morosidade no atendimento é o principal fator contrário aqui, com pedidos podendo levar até 13 meses para serem atendidos — em muitos casos, o tempo é mais do que suficiente para tornar a investigação irrelevante, entrando em conflito direto com o trabalho das autoridades e forças de seguridad. Esto se debe al cambio en el mecanismo de solicitud.

Hoy en día, las órdenes de este tipo son emitidas por los jueces directamente a las empresas, que cumplen o no con la solicitud. Según ADC 51, los condados deben enviar dichas solicitudes al Departamento de Recuperación de Activos y Cooperación Legal Internacional (DRCI), que a su vez las envía al Departamento de Justicia de EE. UU. La determinación del cumplimiento por parte del proveedor de servicios viene solo después de la evaluación de la agencia. “La decisión puede provocar un estancamiento total en la interpretación de la norma constitucional, creando un ambiente más tóxico para el uso de las redes sociales”, completa el especialista.

Él ve una relación obvia entre la solicitud de suspensión de Telegram, en marzo, y el regreso de la sentencia a la agenda del STF, en mayo, por segunda vez en 2022. En su opinión, la falta de respuestas por parte del mensajero fue un problema. falta de respeto inaceptable para el máximo tribunal del país, pero también ha cambiado su postura sobre el ADC 51, que puede empezar a verse como un mecanismo obsoleto. “Si la acción hubiera sido aprobada antes, Alexandre de Morais no podría haber pedido la suspensión de la app en España”, agrega, ya que las solicitudes deben seguir los trámites vinculados al acuerdo de cooperación internacional.

Si bien la apertura de la Acción Declaratoria Constitucional (ADC) número 51 es un reflejo directo del movimiento de aplicaciones y redes sociales para crear un ordenamiento jurídico en materia de solicitudes de información, Carpenter no ve mala fe en esta acción. “Realmente creo que las empresas quieren cooperar. No hay interés en ‘comprar un ruido’ que no tenga nada que ver con ellos. Pero al mismo tiempo, hay una preocupación con el modelo. [das solicitações] y sobre quién decide qué información se compartirá”, dice.

El abogado Marcelo Carpenter es parte contraria a ADC 51, representando a una asociación de radio y televisión ante el Supremo Tribunal Federal (Imagen: Divulgación/Abramge)

El abogado también considera si cumplir con las órdenes judiciales locales, especialmente en países o regiones donde el poder judicial está más politizado, así como en dictaduras o democracias que no son tan estables. El alegato habitual de las plataformas, en este sentido, es la lucha contra el uso ostensible de órdenes judiciales que pretenden obtener información de opositores políticos o intentar atentar contra la libertad de expresión.

Para Carpenter, las plataformas que deseen prestar servicios en un determinado país deben cumplir con las normas y leyes del territorio. A su juicio, esto es inevitable y, si las reglas no dan la seguridad suficiente para que se lleve a cabo este trabajo, lo ideal es no actuar, en lugar de romper las reglas.

El experto tampoco ve el ADC 51 como una forma de reducir la fricción entre el poder judicial y las empresas. Hoy, según datos del Ministerio de Justicia, el 74% de las solicitudes de datos realizadas por las autoridades Españaeñas no son atendidas; las incertidumbres en relación a la acción, dice, no hacen que valga la pena las incertidumbres, así como la mayor demora en el envío de los datos cuando las solicitudes son efectivamente aceptadas.

Actualizar como el mejor camino, pero también el que consume más tiempo

El uso de una regla general, firmada hace más de 20 años, suena disonante en un escenario de constante uso de las redes sociales y, más que eso, frecuente participación de aplicaciones y servicios digitales en el debate público. Esto incluso debería ser tomado en la agenda por el Supremo Tribunal Federal en un nuevo juicio.

Gilmar Mendes es el ministro del STF responsable de informar sobre ADC 51; para un especialista, la discusión debe tener lugar en el parlamento, no en el poder judicial (Imagen: Divulgación/STF)

“Crear un modelo más racional es mucho más lógico que interpretar una regla muy antigua”, coincide Carpenter. Para él, la continuación o no del ADC 51 también está relacionada con una dificultad para establecer un diálogo al respecto en la legislatura, donde, dice, debe darse la conversación. “Sin parlamento, la ‘bomba’ estalla en el regazo de la Corte Suprema, que termina teniendo que crear reglas y discutir”.

Carpenter también destaca la amplia participación de la sociedad en los debates, con la presentación de informes técnicos por parte de diferentes entidades del sector tecnológico. En opinión del abogado, el Supremo Tribunal Federal puede tomar la mejor decisión sobre el caso, incluso si no es el entorno más adecuado. Él, sin embargo, está apostando a que no sucederá pronto, si hay un juicio por venir.

En primer lugar, está el tema político, ya que 2022 es un año electoral en el que las redes sociales y las aplicaciones serán temas clave. Una decisión, sea la que sea, podría encender el debate por todos lados, mientras que la idea de un mecanismo que genere más retraso puede terminar por no sonar como la más adecuada. En opinión del experto, el STF debe esperar hasta tener más libertad para decidir, especialmente ante el posible estancamiento del sistema.

Por otro lado, Carpenter apunta otra vía, en la que el Supremo Tribunal Federal puede establecer orientaciones sobre solicitudes de información de empresas extranjeras, incluso sin atender al ADC 51. “No juzgar no significa no decidir. [A corte] pueda establecer una orientación que sea válida a partir de ahí”, añade.

La Acción Declaratoria Constitucional (ADC) número 51 fue puesta en agenda por última vez por el presidente del STF, Luiz Fux, el 5 de mayo de 2022. El día 11, sin embargo, fue excluida del calendario de juicios y, hasta el momento, no No hay nueva fecha para la evaluación del proceso ni previsión de cuándo esto pueda ocurrir.

Tommy Banks
Estaremos encantados de escuchar lo que piensas

Deje una respuesta

TecnoBreak | Ofertas y Reviews
Logo
Enable registration in settings - general
Shopping cart