El fenómeno de la piratería de los partidos de fútbol en Portugal tiene un coste de alrededor de 500 o 600 millones de euros para el Estado portugués, en concepto de impuestos directos e indirectos que quedan por percibir.
Las cifras las presenta el director general de DAZN en Portugal, Jorge Pavão de Sousa, en una entrevista al diario A Bola donde habla de las cadenas deportivas premium, los precios que cobran, la piratería y las dificultades para contrarrestar esta práctica en Portugal.
El argumento fiscal es ya un clásico para las empresas que se sienten agraviadas por la piratería, pero el máximo responsable de DAZN también da algunas sugerencias que podrían abaratar la ‘factura’ de los aficionados al deporte a final de cada mes.
Más de 600 mil accesos ilegales a los partidos del Benfica
Para ejemplificar la magnitud del acceso ilegal a las retransmisiones de partidos en Portugal, Jorge Pavão de Sousa pone el ejemplo de los partidos de la Liga de Campeones, en particular del Benfica.
«En los partidos de la Liga de Campeones del Benfica, en las dos últimas temporadas, se produjeron entre 600 y 700 mil accesos ilegales a IP en el extranjero durante esa hora y media», revela el responsable de DAZN, añadiendo que se trata de una cifra «muy acorde con la Números que sé que existen en los partidos de los tres grandes equipos del Campeonato Nacional”.
Cuestionado sobre si esta piratería se debe a los precios que se cobran por las suscripciones a canales deportivos en Portugal, Pavão de Sousa se muestra cauteloso:
“Creo que el producto en Portugal, desde el punto de vista de la composición de la oferta premium, está muy fragmentado, con DAZN, Sport TV y BTV. Un abonado que es del Benfica y quiere seguir las competiciones en su totalidad debe pagar tres productos, con un valor medio, individualmente, de 70 euros, y eso es algo que estamos trabajando con la distribución, con los operadores”.
El director general de DAZN en Portugal afirma que los usuarios ya tienen una manera de reducir estos valores, optando por adquirir un ‘bundling’ que incluya los tres canales premium, aunque admite que los valores pueden seguir siendo elevados.
Este defiende una solución flexible y a precios más bajos, en la que el usuario compra un crédito mensual fijo y gestiona los juegos y canales como quiere.
Sin embargo, reconoce que los modelos de negocio actuales de los operadores, que buscan los mayores ingresos posibles de cada cliente, no facilitan esta solución.
Más responsabilidad del usuario
Dado que los precios de las cadenas deportivas premium prácticamente duplican los de hace unos años, Jorge Pavão de Sousa opina que la piratería es la causa del aumento de los precios.
«Corremos el riesgo de atraer cada vez a más personas hacia el acceso ilegal a contenidos deportivos premium y esto perjudicará el precio futuro de estos productos», explica, argumentando que la solución legal (y la pedagogía) son esenciales para resolver el problema de la piratería. .
“Si detectan que hay un portugués, en una casa, accediendo a una IP ilegal en cualquier sitio web, en Malta o Belice, esto no se puede dar de baja legalmente, se debe emitir una orden judicial, que debe llegar al ISP (proveedor de Internet). ) y el ISP tiene que pedirle a alguien que intervenga y lo elimine. Cuando esto sucede, se acabó el juego y el producto ya ha sido consumido ilegalmente”.
El mismo responsable pone el ejemplo de otros países, defendiendo la aplicación de multas elevadas -y rápidas- siempre que se detecte a un usuario accediendo a juegos de forma ilegal:
“En el Reino Unido, el regulador local emite una orden inmediata a la casa de ese cliente y, al día siguiente, recibe una notificación diciendo que tiene que pagar £250(…). La segunda vez, el valor aumenta a 750 y la tercera a 2.500 libras, a lo que se suma una acción penal. La persona, cuando paga la segunda o tercera vez, no quiere volver a acceder ilegalmente en su vida”.
A pesar de admitir que el negocio de DAZN en Portugal es rentable, el director general de la compañía defiende una mano más firme de la Justicia y de las autoridades, pero también un proceso educativo para los usuarios.
