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La lucha contra la distribución ilegal de señales de televisión y las listas de IPTV pirateadas volvió a surgir durante la Cumbre del Fútbol de Portugal. En un debate integrado en el SIGA Football Integrity Forum 2026, Nuno Ferreira Pires, director general de Sport TV, no se anduvo con rodeos al abordar la tolerancia que aún existe en torno al consumo de retransmisiones de fútbol no autorizadas en territorio portugués.
El ejecutivo señaló directamente con el dedo la pasividad de las entidades oficiales y el comportamiento de los usuarios finales. El presentador del principal canal deportivo de Portugal calificó de lamentable la realidad nacional y advirtió de la normalización social del robo de contenidos digitales.
Estamos ante una «generación de delincuentes que piensan que robar online es normal», afirma el director general de Sport TV
En palabras de Nuno Ferreira Pires, estamos ante una «generación de delincuentes que piensan que robar en línea es normal. Nuestros hijos crecen en esta generación. Tutelas, reguladores y autoridades aparentemente no hacen nada o hacen poco».
Esta postura continúa la presión pública que el ejecutivo ya estaba ejerciendo sobre el poder político y las autoridades policiales. El responsable de la emisora sigue defendiendo un cambio profundo en la legislación que no se limite a cerrar servidores o detener a operadores de redes ilegales.
Para el canal, el camino debe pasar por la divulgación pública de las listas de clientes incautadas y la aplicación de multas directas a quienes se suscriban o vean. Algo que sigue los modelos sancionadores ya adoptados en países como Italia.
El discurso tiene eco en las cuentas presentadas por la Liga Portugal. Presente en el mismo panel de discusión, el director ejecutivo de la Liga Portugal, André Mosqueira do Amaral, destacó que la piratería es uno de los mayores obstáculos en el proceso de centralización de los derechos televisivos.
- Las estimaciones de la Liga apuntan a unas pérdidas globales para el fútbol profesional de entre 250 y 350 millones de euros;
- La caída representa una pérdida directa de alrededor de 80 millones de euros en ingresos fiscales para el Estado;
- El dirigente destaca que Portugal dispone de herramientas tecnológicas suficientes para actuar y combatir el problema;
- André Mosqueira do Amaral también admite la necesidad de reforzar los procedimientos de notificación de despidos y hacer que la oferta legal sea más accesible y atractiva para el público.
El cerco al usuario se vuelve más fuerte a medida que la Policía Judicial tipifica las redes clandestinas de señales como delitos de delincuencia organizada y blanqueo de capitales. A nivel parlamentario, sigue sobre la mesa el debate sobre las notificaciones directas y las multas económicas para los aproximadamente 300.000 hogares que acceden habitualmente a emisiones pirateadas en Portugal.
