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La Autoridad de Movilidad y Transportes (AMT) permite la introducción de tasas de congestión en el acceso a las áreas metropolitanas de Lisboa y Oporto, así como en los tramos interurbanos con alta demanda. La medida se enmarca en un estudio estratégico presentado sobre la revisión del modelo de financiación de carreteras en Portugal.
¿Qué cambios y cómo podrían funcionar las nuevas tarifas?
Según el regulador, cita CNN Portugal, el principal objetivo es reducir el volumen de tráfico, promover un uso más eficiente de las carreteras y recaudar ingresos para reinvertir en la modernización del sistema de transporte.
AMT destaca varias características del modelo:
- Enfoque temporal y geográfico: El cobro afectará principalmente a los accesos urbanos y vías con saturación permanente o estacional, aplicándose en horas punta específicas;
- Criterios de diferenciación: El actual sistema de peaje debe evolucionar para considerar el nivel de emisiones del vehículo, intensidad de uso y periodo de circulación;
- Principio de «el usuario paga y quien contamina paga»: El objetivo es lograr una distribución más justa de los costes medioambientales y del desgaste de las infraestructuras;
- Ejemplos internacionales: Modelos similares ya funcionan en grandes metrópolis europeas como Londres, Estocolmo y Oslo.
La legislación ya permite cobrar en Portugal
La posibilidad de cobrar un cargo por congestión ya tiene un marco legal en el país. El Decreto-Ley N° 38/2025 autoriza su aplicación en tramos viales con tráfico denso recurrente, estrictamente en horas pico.
Un ejemplo reciente de gestión del tráfico se produjo en el Área Metropolitana de Oporto, donde desde el 15 de septiembre está prohibida la circulación de determinados vehículos pesados por la Via de Cintura Interna (VCI) entre semana, entre las 07:00 y las 21:00 horas, ofreciendo como alternativa la exención del peaje en la A41/CREP.
A pesar de las recomendaciones formuladas, la AMT subraya que el estudio no impone una solución única ni contempla opciones políticas. Ahora corresponde al poder político, es decir, al Gobierno portugués, decidir si avanzar y cuándo con la implementación de estos impuestos, considerando los impactos económicos, sociales y territoriales.
