La lucha contra la piratería de IPTV continúa escalando a un nivel sin precedentes, y la atención puede estar a punto de pasar de los proveedores a los propios consumidores en Italia. Esta posición recuerda la reciente discusión en Portugal, donde el director general de Sport TV también defendió el castigo a los usuarios, como informamos aquí en 4gnews.
Ministro italiano quiere que se revelen los nombres de los usuarios de IPTV pirateados
Ahora, en Italia, el Ministro de Deportes y Juventud, Andrea Abodi, ha ido más allá y ha sugerido públicamente que se podrían publicar los nombres de las personas sorprendidas comprando y utilizando suscripciones ilegales. Esta idea radical de «nombrar y avergonzar» (nombre y vergüenza) llega en un país que ya cuenta con una de las leyes más agresivas de Europa contra la piratería.
Por si no lo sabías, Italia implementó el sistema «Piracy Shield» para bloquear rápidamente las transmisiones ilegales y ya comenzó a multar a los usuarios identificados en las bases de datos incautadas por la policía. Recientemente, DAZN, propietario de los derechos de la Serie A, dio un paso más. Envió cartas a esos mismos usuarios ya multados por el Estado, exigiendo un pago adicional de 500 euros para evitar una demanda por daños y perjuicios.
«Quizás sea mejor gastar unos euros más y evitar problemas», dice el ministro
Para el ministro Andrea Abodi, publicar los nombres sería el siguiente paso lógico. Sostiene que la piratería no es un delito menor, sino un delito que alimenta las economías criminales y daña el deporte. Según Abodi, las preocupaciones sobre la privacidad pasan a un segundo plano cuando se trata de un acto ilícito. «Espero que la gente se dé cuenta de que tal vez sea mejor gastar unos euros más y evitar meterse en problemas», añadió.
Lo que antes muchos veían como una infracción sin mayores consecuencias se está reclasificando como un delito con implicaciones financieras y, ahora, potencialmente reputacionales. El ministro italiano incluso compartió que su propio hijo intentó utilizar estos servicios, explicándole que el problema va mucho más allá de «robar dinero del fútbol».
Se estima que, sólo en Portugal, casi 300.000 hogares portugueses acceden cada mes a estos servicios ilegales, lo que supone unas pérdidas de hasta 250 millones de euros al año.
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